Tras la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo intenta destrabar de forma urgente la agenda parlamentaria antes del receso invernal de julio. La jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, inició negociaciones contrarreloj con la UCR, el PRO y bancadas provinciales para convocar a una sesión este jueves o, a más tardar, el 16 de julio. El objetivo central es avanzar con las reformas clave impulsadas por el Ejecutivo que quedaron paralizadas durante semanas debido al escándalo patrimonial que forzó la salida del ministro.

Propiedad privada y límites a extranjeros

El proyecto principal que el oficialismo pondrá sobre la mesa introduce cambios sustanciales a la propuesta original de desregulación de tierras rurales diseñada por Federico Sturzenegger. Tras las resistencias de los bloques dialoguistas, se eliminó el capítulo de barrios populares y se modificaron los artículos sobre manejo del fuego, desalojos y expropiaciones.

La nueva redacción establecerá un tope de kilómetros que un empresario extranjero podrá adquirir. Además, cualquier intervención de firmas de otros países requerirá el aval conjunto de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.

Las prioridades de Milei en el recinto

Más allá de la ley de tierras, la reactivación parlamentaria contempla tres ejes inmediatos para la gestión presidencial:

• Super RIGI: El régimen aprobado en Diputados es la prioridad número uno para atraer inversiones millonarias en los sectores tecnológico, minero, energético y de infraestructura.
• Pliegos judiciales: Se buscará dar luz verde a los nombramientos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes clave.
• Salud Mental: Se avanza en un dictamen con modificaciones respecto al proyecto original de la Casa Rosada, consensuado con la oposición amigable.

Las reformas que quedan congeladas

El consenso alcanzado para sesionar no abarca la totalidad del paquete oficialista. La reforma electoral permanece completamente trabada debido al rechazo opositor a eliminar las PASO, suprimir el financiamiento estatal de las campañas y quitar la obligatoriedad del debate presidencial.

Tampoco registrará avances en el corto plazo la ley de Discapacidad, que carece del respaldo de los aliados parlamentarios luego de que el presidente Javier Milei vetara la norma anterior.