El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de flexibilizar las condiciones de acceso al régimen y brindar mayores garantías a los contribuyentes que decidan declarar activos no registrados. La iniciativa busca incentivar el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al circuito formal de la economía y podría beneficiar a un universo más amplio de personas.

Una reforma para incentivar la formalización de activos

Tras una adhesión menor a la esperada desde la aprobación de la ley en diciembre de 2025, el oficialismo decidió avanzar con una serie de modificaciones destinadas a hacer más atractivo el régimen.

La propuesta fue elaborada luego de reuniones entre el Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y especialistas en materia tributaria. El objetivo es ofrecer mayor seguridad jurídica y reducir las barreras que, según el Gobierno, limitaron el interés de los contribuyentes durante la primera etapa del programa.

La estrategia apunta a que los ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema financiero sean utilizados para inversiones, consumo o actividades productivas dentro de la economía formal.

Se eliminan los límites de ingresos y patrimonio

Uno de los cambios más relevantes consiste en la eliminación de los topes de ingreso y patrimonio que hoy condicionan el acceso al régimen.

Con la normativa vigente, solo pueden adherirse quienes cumplan simultáneamente con tres requisitos:

• Tener ingresos anuales inferiores a $1.000 millones.
• Poseer un patrimonio menor a $10.000 millones.
• No estar categorizados por ARCA como Grandes Contribuyentes.

La nueva iniciativa elimina esas restricciones para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. De este modo, cualquier contribuyente podrá acceder al régimen, independientemente de su nivel de ingresos o patrimonio.

La única excepción prevista alcanza a los Grandes Contribuyentes, quienes podrán ingresar únicamente mediante una modalidad simplificada, sin acceder a todos los beneficios contemplados por la ley.

Cambios en los controles de ARCA

El proyecto también modifica el funcionamiento de la denominada presunción de exactitud, una herramienta que protege al contribuyente cuando las diferencias detectadas por el organismo recaudador son menores.

Actualmente, esa presunción se pierde automáticamente cuando la impugnación de ARCA implica un incremento del 15% o más sobre lo declarado.

Con la reforma, ese criterio se flexibiliza. Aunque la diferencia supere el 15%, el beneficio continuará vigente siempre que el monto reclamado no exceda los $5 millones. La intención es evitar que diferencias de bajo impacto económico generen consecuencias desproporcionadas para quienes ingresaron al régimen.

Habrá más tiempo para corregir declaraciones

Otra de las novedades es la incorporación de un mecanismo de rectificación que permitirá corregir errores sin perder automáticamente los beneficios.

Si ARCA detecta inconsistencias, el contribuyente dispondrá de 15 días hábiles desde la notificación para presentar una declaración jurada rectificativa, abonar la diferencia correspondiente y pagar los intereses.

Si cumple con ese procedimiento dentro del plazo previsto, conservará los beneficios otorgados por la Ley de Inocencia Fiscal.

Reintegros más rápidos si la Justicia falla a favor del contribuyente

La propuesta también incorpora un sistema de devolución acelerada para quienes hayan pagado diferencias reclamadas por ARCA y posteriormente obtengan una resolución judicial favorable.

En esos casos, el organismo deberá restituir los importes abonados junto con los intereses correspondientes en un plazo máximo de 45 días hábiles desde que la sentencia quede firme.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que estas modificaciones buscan fortalecer la seguridad jurídica y generar mayor confianza entre los contribuyentes, con la expectativa de incrementar la adhesión al régimen y favorecer la incorporación de capitales al circuito formal de la economía.

Mientras el proyecto espera ingresar al Congreso, el debate estará centrado en el equilibrio entre la simplificación de los controles fiscales y la necesidad de mantener mecanismos efectivos de fiscalización.