El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que se trasladará a los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio a partir del 1° de febrero. La medida afecta a consumidores de todo el país y forma parte de una estrategia gradual para evitar saltos bruscos en los valores finales.

Qué dispuso el Gobierno y desde cuándo rige

La suba quedó establecida mediante el decreto 74/2026, publicado en el Boletín Oficial. Allí se detalla que el incremento será parcial y aplicará a los hechos imponibles que se registren entre el 1 y el 28 de febrero. Según el texto oficial, la decisión apunta a sostener un sendero fiscal considerado “sostenible”, al tiempo que se modera el impacto en el bolsillo de los usuarios.

La normativa aclara que los aumentos restantes, correspondientes a actualizaciones anteriores postergadas, continuarán difiriéndose y se aplicarán en etapas posteriores.

Cuánto aumentan los impuestos a la nafta

Para la nafta sin plomo, tanto la de hasta 92 RON como la superior a ese octanaje —incluida la denominada “súper”—, el impuesto a los combustibles líquidos se incrementará en $16,773 por litro. A ese valor se suma el ajuste correspondiente al impuesto al dióxido de carbono, que aumentará $1,027 por litro.

Estos montos no representan el aumento final en surtidor, pero sí constituyen un componente directo del precio que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

El impacto impositivo en el gasoil

En el caso del gasoil, el impuesto a los combustibles líquidos subirá $14,372 por litro. Para las zonas alcanzadas por una alícuota diferencial —como la Patagonia y otras regiones específicas del interior—, el incremento será de $7,782. A esto se suma el aumento del impuesto al dióxido de carbono, que se elevará $1,638 por litro.

La legislación vigente mantiene un tratamiento especial para el gasoil destinado al consumo en provincias como Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, además del Partido de Patagones en Buenos Aires y el departamento Malargüe, en Mendoza.

Por qué se aplican aumentos parciales

El esquema actual responde a una política que el Ejecutivo viene aplicando desde 2024. En agosto del año pasado, el Gobierno decidió postergar la aplicación plena de los incrementos derivados de la actualización impositiva correspondiente a ese año y a los primeros trimestres de 2025, fijando como nueva fecha el 1° de febrero de 2026.

Además, el decreto modificó el calendario de la siguiente etapa de aumentos, que pasó del 1° de febrero al 1° de marzo, reforzando la idea de un ajuste escalonado.

Qué dice la ley y cómo se actualizan los impuestos

El decreto toma como base la Ley 23.966, que establece los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono. Según esta norma, los montos fijos deben actualizarse trimestralmente en enero, abril, julio y octubre, en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Pese a este mecanismo automático, el Gobierno suspendió en varias oportunidades las actualizaciones completas, autorizando solo incrementos parciales y trasladando el resto a instancias futuras.

El costo fiscal de contener los precios

De acuerdo con estimaciones privadas, esta política de postergación tuvo un costo significativo para el Estado. Solo en 2025, la decisión de evitar subas plenas en los combustibles implicó una pérdida de ingresos estimada en USD 2.326 millones. En diciembre, la última actualización parcial habría reducido la recaudación en USD 173 millones, según datos de la consultora Economía y Energía.

El Gobierno busca así equilibrar la necesidad de recomponer ingresos fiscales con el objetivo de no acelerar la inflación a través de aumentos abruptos en los precios de los combustibles.