Milei y su polémica decisión: ¿Qué hay detrás del veto a la ley de financiamiento universitario?
El presidente Javier Milei ha tomado la decisión de vetar la ley de financiamiento universitario, un acto que se ha producido en el contexto de una reciente y masiva movilización en apoyo a las universidades, que tuvo lugar a pocas horas antes de la confirmación del veto a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Este veto se presenta como el segundo rechazo del Ejecutivo a una ley aprobada por el Congreso, situación que ha levantado una ola de críticas y movilizaciones.
Motivos del Veto
El decreto 879/2024, que establece el veto presidencial, señala que “el proyecto de ley es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni determina la fuente de su financiamiento”. Esta afirmación ha sido uno de los pilares fundamentales en la justificación de esta decisión, en un contexto donde la sostenibilidad fiscal del país es un tema de preocupación constante.
Aprobación de la Ley
La ley de financiamiento universitario fue aprobada por la Cámara alta el pasado 12 de septiembre, respaldada por un variado grupo de senadores de diferentes partidos, incluyendo kirchneristas, radicales, y algunos del PRO. Sin embargo, los legisladores del partido Libertario y un reducido número de miembros del PRO se opusieron a esta iniciativa.
Detalles de la Ley en Cuestión
La norma, que buscaba actualizar el presupuesto universitario, se fundamentaba en la inflación y proponía un esquema de indexación bimestral. Los puntos principales de la ley incluían:
- Una actualización del presupuesto en función de la inflación, medido por el INDEC.
- Indexación bimestral utilizando un coeficiente que combina un 50% de la variación del Índice de Precios al Consumidor, 25% del valor del dólar y 25% de las tarifas de servicios públicos.
- Recomposición salarial para docentes y no docentes basada en el IPC.
El impacto fiscal proyectado de esta medida asciende a $738.595 millones, representando el 0,14% del PBI del país, según el análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Impacto Fiscal y Empleo Público
El decreto también destaca que la implementación de la ley requeriría un financiamiento extraordinario, sino que podría comprometer seriamente la estabilidad de las finanzas públicas. La evaluación realizada menciona que el incremento en las partidas necesarias podría alcanzar alrededor de $250 mil millones, y que el gasto adicional podría ser de aproximadamente $811.569 millones.
Aumento Salario de Docentes
Otro punto de desacuerdo en la normativa es el planteamiento de aumentos salariales para docentes que resulta superior al de otros empleados públicos. Según el decreto, esto establecería un “privilegio” para el personal de las universidades, lo que podría desencadenar tensiones dentro del marco de la administración pública en su conjunto. El texto argumenta que tales incrementos salariales deben gestionarse a través de la negociación colectiva.
Reacciones y Movilizaciones
El veto de Milei ha provocando una reacción inmediata en la sociedad, con una fuerte movilización a favor de la educación pública. Los manifestantes trasladaron un mensaje directo al presidente, pidiéndole que promulgue la ley y brinde un respaldo contundente a las universidades nacionales. Esta movilización refleja una vez más la división de opiniones en torno a la política educativa del actual gobierno.
Con este veto, Javier Milei continúa su línea de gestión fiscal restrictiva y pone en evidencia las tensiones políticas y sociales que marcan el escenario actual de Argentina, especialmente en un aspecto tan crucial como lo es la educación superior y su financiamiento.