La Legislatura porteña avanzó en la adecuación del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los parámetros de la nueva Ley Penal Juvenil. Las modificaciones, debatidas en comisión por diputados y funcionarios del Ejecutivo, implican una reestructuración operativa inmediata en el Centro de Admisión y Derivación (CAD), el fortalecimiento de los centros de régimen cerrado y un despliegue de nuevos programas de monitoreo sociocomunitario para menores en conflicto con la ley penal.

Centros de encierro y aumento de seguridad

El nuevo esquema del sistema penal juvenil de la Ciudad operará bajo la órbita del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, utilizando el Centro de Admisión y Derivación (CAD) para recibir tanto a jóvenes punibles como no punibles.

Para las medidas restrictivas de la libertad, la Ciudad mantendrá operativos los centros de régimen cerrado Agote, Belgrano y San Martín, junto con las residencias de libertad restringida Almafuerte, Simón Rodríguez y Juana Azurduy. Ante la entrada en vigor de la nueva normativa, las autoridades proyectan un incremento del 80% en el personal del cuerpo de seguridad de forma escalonada, el cual estará regido por una ley específica para contextos de encierro desarrollada en conjunto con el Ministerio de Educación.

Monitoreo en territorio y educación

La reforma contempla la aplicación de los programas PAIAS y DYAT, diseñados para el seguimiento y monitoreo de los adolescentes dentro de su ámbito sociocomunitario.

Estas herramientas técnicas y de asistencia social trabajarán directamente en el territorio del menor y su entorno familiar. El objetivo es articular con efectores locales el acceso obligatorio a servicios de educación, recreación y contención en clubes, evitando la reincidencia mediante un esquema de libertad vigilada.