¡Escándalo total! Intervienen el sindicato más poderoso del país y denuncian un complot del Gobierno en el exterior
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un bloque que agrupa a más de 140 organizaciones gremiales, denunció formalmente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el desplazamiento de su secretario general, Abel Furlán. La presentación, realizada en Ginebra por el referente sindical Rodolfo Aguiar, acusa una acción coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Judicial para disciplinar al gremio industrial más importante de la Argentina, al tiempo que exige la intervención urgente de la Corte Suprema de Justicia para revertir la medida.

Denuncia internacional en Ginebra
La presentación judicial y política se formalizó durante la 114° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT ante delegados de 187 países. Desde Suiza, el secretario general de ATE Nacional y referente del FreSU, Rodolfo Aguiar, calificó la intervención de la UOM como una “aberración jurídica” y uno de los hechos de mayor gravedad institucional desde el retorno de la democracia.
El FreSU, integrado por gremios de peso como ATE, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu y Papeleros, sostiene que las multas millonarias y el desplazamiento de la cúpula metalúrgica violan de manera directa la libertad y la autonomía sindical protegidas por los convenios internacionales ratificados por la Argentina.
El reclamo llega a la Corte Suprema
La estrategia de los sindicatos apunta ahora a presionar al máximo tribunal del país. La conducción desplazada de la UOM ya presentó un recurso de queja directo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras el rechazo de un recurso extraordinario federal.
En paralelo, el gremio mantiene un frente abierto en la justicia porteña, donde recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ante la denegación de un recurso de inconstitucionalidad previo.
Falta de imparcialidad y nulidad
El documento enviado al organismo internacional argumenta que los magistrados que dictaron la intervención del sindicato metalúrgico carecen de la imparcialidad que exige la Constitución Nacional. Según los asesores legales del FreSU, esta situación vicia de nulidad absoluta todo el proceso judicial que derivó en el desplazamiento de Abel Furlán y la posterior toma de control del gremio.
