El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apelará la medida cautelar dictada por el juez Roberto Gallardo que prohíbe realizar desalojos, clausuras y tapiados de viviendas en situaciones de riesgo edilicio. La resolución judicial busca frenar los operativos de restitución de inmuebles usurpados a sus propietarios, una política central de la gestión de Jorge Macri que ya acumula más de 840 propiedades recuperadas. El Jefe de Gobierno porteño rechazó la decisión de forma inmediata y confirmó que mantendrá las acciones bajo la premisa de “ley y orden”.

La sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
El Gobierno porteño mantiene el control de las inspecciones – Foto: GCBA

El alcance del fallo judicial

La resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario establece que el Ejecutivo porteño no puede ejecutar desalojos ni tapiados por riesgo edilicio sin garantizar antes un piso mínimo de asistencia técnica, social y habitacional para los ocupantes.

El fallo se dictó en el marco de la causa colectiva “De Morais, Oscar Antonio y otros contra GCBA”, originada por el tapiado de un inmueble en la avenida Montes de Oca al 1700. La acción judicial fue ampliada por la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad, junto a los legisladores Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra.

La respuesta del Gobierno porteño

Jorge Macri criticó con dureza el dictamen y apuntó directamente contra el magistrado y los impulsores de la medida. El Jefe de Gobierno aseguró que la política de recuperación de viviendas continuará vigente a pesar de la restricción legal, argumentando la defensa de la propiedad privada.

En los operativos que realiza el Gobierno de la Ciudad intervienen de forma conjunta la Policía de la Ciudad, la Guardia de Auxilio —encargada de certificar las fallas edilicias—, la Red de Atención y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para abordar la situación de vulnerabilidad de los ocupantes.

El historial de propiedades recuperadas

Desde el inicio de la actual administración, la Ciudad registra más de 840 inmuebles recuperados y devueltos a sus dueños. Uno de los puntos de mayor tensión previos a este fallo ocurrió en el barrio de Villa Mitre, donde el desalojo de cinco PH usurpados desde el año 2000 derivó en un cruce político directo con los legisladores de la oposición y terminó con cuatro personas detenidas.

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