La permanencia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete pende de un hilo tras la decisión del PRO de no descartar el quórum para la sesión especial del próximo 23 de junio en la Cámara de Diputados, donde la oposición busca activar una moción de censura para destituirlo. El bloque liderado por Cristian Ritondo dio un ultimátum de ocho días al Gobierno para desplazar al funcionario, envuelto en un escándalo por presuntas irregularidades y omisiones maliciosas en sus declaraciones juradas de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

El PRO quiebra el blindaje oficialista

La postura del PRO alteró drásticamente el escenario legislativo. A diferencia de mayo, cuando los bloques dialoguistas evitaron sesionar para respaldar al Ejecutivo, la presión interna y el impacto público de las justificaciones patrimoniales de Adorni fracturaron la alianza informal con la Casa Rosada.

Desde la UCR y el interbloque Fuerzas del Cambio adelantaron que definirán una posición conjunta entre martes y miércoles, aunque crecen las voces que exigen la salida inmediata del ministro coordinador. La desconfianza alcanzó a gobernadores aliados e incluso a sectores internos del oficialismo que comulgan con planteos previos de la jefa de senadores, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Presión en ambas cámaras y el factor de los dos tercios

La ofensiva no se limita a la Cámara Baja. En el Senado, el interbloque Popular conducido por José Mayans solicitó una sesión urgente amparada en el artículo 101 de la Constitución Nacional. La resolución exige la comparecencia de Adorni en un plazo máximo de siete días bajo apercibimiento de avanzar directamente con la moción de censura en el recinto.

A nivel reglamentario, la destitución efectiva requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos en cada cámara, un número que hoy la oposición no reúne de forma directa. Por este motivo, la estrategia de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas se centra en alcanzar el quórum para forzar el emplazamiento de las comisiones, obligando al oficialismo a debatir el caso y extendiendo el costo político del escándalo.