Consenso de los trabajadores en la lucha contra la corrupción

Se realizó en Buenos Aires, una reunión del Grupo de Trabajo en defensa de los Trabajadores de Impuestos, Control y Justicia en el cual se denunció, entre otras cosas, que muchas empresas transnacionales no pagan impuestos y transfieren sus beneficios a paraísos fiscales,  promoviendo la evasión de los recursos que deben estar en las arcas públicas.

Organizado por los sindicatos AEFIP, APOC y UEJN, encabezados por Guillermo Imbrogno (AEFIP), Federico Recagno (APOC) y Julio Piumato (UEJN) respectivamente, se llevó a cabo una jornada de presentación y debate sobre las conclusiones del Simposio sobre la Protección de los Trabajadores Informantes, que se concretó el pasado 30 de octubre en Ginebra, Suiza.

En el encuentro participaron representantes gremiales de diferentes países de Brasil, Chile, Latinoamérica y El Caribe, como así también, dirigentes de diferentes naciones europeas, quienes trazaron acciones y políticas para la lucha contra la corrupción y protección de los trabajadores encargados de auditar, controlar e informar sobre estas situaciones, quienes muchas veces son sometidos a presiones y abusos por parte de una avanzada del poder financiero internacional sobre el Estado.

“En nuestra Región sufrimos un proceso de captura del Estado por parte de los CEOS en los puestos de conducción y decisión del Estado, como zorros que cuidan el gallinero”, expresaron los disertantes.

Además, alertaron que el vaciamiento de la administración pública invita a la corrupción política por parte de las empresas y a la captura por parte de los contratistas cuando la privatización y la subcontratación generan la pérdida de competencias esenciales y de supervisión.

“Nuestras organizaciones sindicales asumieron el desafío de acompañar y defender a cada compañero que decida no formar parte del saqueo y no vamos a permitir que -maten al mensajero-”, aseveraron.

En ese caso, definieron que actualmente existe una sensación de “desprotección” por parte de aquellos agentes estatales que deciden hacer su trabajo y combatir la ilegalidad, traducida en dificultades para obtener la información, presiones de los superiores, temor por desempeñar correctamente las funciones y persecuciones a los trabajadores, entre otros flagelos.

Finalmente se comprometieron a coordinar acciones para la lucha contra la corrupción y protección de los derechos laborales, conseguir la sanción de una norma internacional de la OIT sobre el tema y convocar a las organizaciones internacionales de cara a la reunión del G-20.