Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a los afiliados de PAMI comenzaron este lunes un paro nacional de 72 horas que se extenderá hasta el miércoles inclusive. La medida de fuerza, que paraliza la atención habitual en consultorios de todo el país, responde a un reclamo urgente de actualización de honorarios profesionales. Mientras los profesionales denuncian un desfasaje del 102% en sus ingresos, las autoridades del organismo previsional aseguran que el acatamiento es bajo y que la atención médica está garantizada.

Los motivos detrás de la suspensión de la atención

Bajo las consignas “Honorarios justos = atención de calidad” y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, las organizaciones que nuclean a los profesionales exigen una recomposición arancelaria inmediata. Según explicaron, los valores actuales tornan insostenible el mantenimiento de los consultorios y las prestaciones.

El sector reclama que el retraso acumulado en los aranceles alcanza el 102%. Las entidades gremiales cuestionaron las respuestas oficiales obtenidas en las mesas de negociación previas, calificándolas como insuficientes para frenar el deterioro del servicio.

La postura de PAMI ante el conflicto y los turnos

Desde la conducción de PAMI emitieron un mensaje de tranquilidad para los afiliados e informaron que la actividad se desarrolla con regularidad en la mayoría de los centros de salud. Según el organismo, se trata de una medida impulsada por un grupo reducido de profesionales y el nivel de adhesión es bajo.

Fuentes oficiales destacaron que la semana pasada se implementó un aumento en la cápita de los médicos de cabecera, la cual pasó de $2.100 a $2.400 por afiliado con retroactividad al mes de mayo. Asimismo, afirmaron que los canales de diálogo siguen abiertos para destrabar el conflicto.

El desfasaje de las cifras que traba el acuerdo

El punto crítico de la negociación radica en la pauta de aumentos programada para el resto del año. Los profesionales médicos señalaron que las actualizaciones dispuestas por la obra social son de apenas un 1,9% para junio y otro 1,9% para julio de 2026.

De acuerdo con el esquema administrativo vigente, estos incrementos representan las únicas subas reconocidas para el período actual y recién se verán reflejados en las liquidaciones correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2026, lo que motivó la profundización de las protestas.