El Gobierno se niega a frenar la pérdida de la jubilación de privilegio de CFK: ¿Qué significa esto para el futuro político?

La situación legal de la expresidenta Cristina Kirchner ha dado un nuevo giro tras su reciente solicitud ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para la restitución de su jubilación de privilegio, que asciende a $21.000.000 netos mensuales. Este pedido ha sido presentado por su abogado, Facundo Fernández Pastor, quien argumenta que la decisión del Gobierno de quitarle la asignación es inconstitucional y no fue debidamente notificada.

Reclamo de Nulidad

En su presentación, Fernández Pastor acusa al Gobierno de violar derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional. Solicita, además, el reembolso de las sumas que le han sido retenidas, incluyendo intereses y costas. La defensa está siendo elaborada por el secretario Legal de ANSES, Andrés Mariano Bousquet.

Postura del Gobierno

La Casa Rosada ha decidido no dar lugar al planteo administrativo de la expresidenta y anticipa que el conflicto será llevado a instancias judiciales. Funcionarios de Balcarce 50 han manifestado su creencia de que la disputa no les resultará favorable si es que llega al ámbito del Contencioso Administrativo. En este contexto, se admite que la medida tomada inicialmente fue más un gesto discursivo que una acción concreta.

Fundamentos de la Defensa del Gobierno

• La condena confirmada en la causa Vialidad es interpretada como un indicativo de «mal desempeño» que justifica la retirada de la asignación.
• Se invoca el artículo 36 de la Constitución Nacional, que estipula implicaciones por «vulneración del honor de la magistratura».
• Además, se hace referencia al artículo 29 de la ley 24.018, que establece que las asignaciones vitalicias no son aplicables a quienes, por mal desempeño de funciones, hayan sido removidos tras un juicio político o sumario.

Acusaciones en Contra de Cristina Kirchner

El Gobierno también ha denunciado a Cristina Kirchner por “indignidad” y por su supuesta acción en contra del sistema democrático. Se le imputa incurrir en delitos dolosos contra el Estado con la intención de enriquecerse, citando como precedente la derogación de beneficios otorgados a expresidentes de facto durante el periodo de 1976 a 1983.

Incompatibilidad de Asignaciones

Desde el Ejecutivo se sostiene que las asignaciones especiales son “jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública”. Esta afirmación resuena con el marco legal que regula las asignaciones de privilegio en el contexto del dominio del Estado Nacional.

Reacciones y Futuras Implicaciones

La situación ha generado diversas reacciones en el ámbito político, donde se plantean interrogantes sobre la relación entre el poder judicial y el ejecutivo, así como la interpretación de las leyes en situaciones de este tipo. Los próximos desarrollos judiciales serán críticos para determinar el curso de este caso y las implicaciones que tendrá sobre la figura de Cristina Kirchner y su legado en la política argentina.