La Cámara Federal de Casación ha emitido un fallo de gran relevancia en el ámbito judicial argentino al ordenar que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sea sometida a juicio en el marco de la causa relacionada con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Esta decisión coincide con la apertura del caso conocido como Hotesur-Los Sauces, lo que marca un hito en el desarrollo de estos procesos legales.
El fallo, suscrito por los jueces de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, establece que «ante la excepcionalidad de la solución prevista en la norma antes citada y teniendo en consideración que, una vez elevada la causa a juicio, el debate oral y público es el ámbito natural de discusión donde tratar las cuestiones de hecho y prueba, cabe concluir que la decisión recurrida se ha sustentado en afirmaciones dogmáticas acerca de la verificación en el caso de las exigencias contenidas en el art. 361 del CPPN y la pretensión de agotar el examen acerca de la responsabilidad penal de las personas acusadas en esa etapa intermedia contradice, no solo las reglas de la sana crítica, sino del debido proceso y desnaturaliza la instancia en la que se encuentra la causa”.
Este fallo resalta los defectos de fundamentación encontrados en el tribunal anterior, subrayando que estos vician la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a los recurrentes y, de acuerdo con el estándar de arbitrariedad definido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justifican la invalidación de la resolución recurrida.
El origen de este caso se remonta a enero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman presentó una denuncia en la que sostenía que el Memorándum entre Argentina e Irán tenía como objetivo encubrir a los acusados del atentado a la AMIA, al levantar las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre ellos. Además, el acuerdo contemplaba la posibilidad de que Nisman y el juez del caso, en ese entonces Rodolfo Canicoba Corral, viajaran a Irán para interrogar a los acusados y establecía una comisión de la verdad, con juristas de ambos países, con el fin de esclarecer el hecho.
Sin embargo, cuatro días después de presentar la denuncia, el fiscal Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero con un disparo en la cabeza. A pesar de que el juez federal Daniel Rafecas inicialmente desestimó la denuncia, la Cámara Federal de Casación Penal posteriormente la reabrió, apartando al magistrado y poniendo la causa bajo la supervisión del juez Claudio Bonadio.
En marzo de 2018, Bonadio remitió el caso a juicio oral con un total de 12 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Eduardo Antonio Zuain, Carlos Alberto Zannini, Oscar Isidro Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado. Algunos de ellos, como D´Elia y Zannini, fueron detenidos por orden de Bonadio, mientras que Timerman estuvo bajo prisión domiciliaria. Cristina Kirchner evitó la prisión gracias a sus fueros como senadora nacional.
La causa quedó bajo la jurisdicción del Tribunal Oral Federal 8, que en octubre de 2021 sobreseyó a todos los acusados por inexistencia de delito, argumentando que «el Memorándum, más allá de considerarse un acierto o desacierto político, no constituyó delito». Sin embargo, este fallo ha sido revocado por la Cámara Federal de Casación, que ha determinado que el juicio debe llevarse a cabo.
Este giro en el caso representa un capítulo importante en la trayectoria judicial de Cristina Kirchner y los demás acusados, así como un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas del atentado a la AMIA. El proceso legal continúa en desarrollo, y se espera que la atención pública y mediática siga de cerca cada desarrollo subsiguiente en este caso de gran relevancia nacional.
