Tras siete años y medio de investigación, el juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita y ordenó un embargo por $10.000 millones por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral Construcciones junto a su ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez.

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada como miembro de una asociación ilícita que cometió el delito de administración fraudulenta agravada.

La asociación ilícita prevé una pena de hasta diez años de prisión.